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CIDH pide a Estado informes sobre no contactados

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado ecuatoriano que entregue información relacionada con la situación de los pueblos indígenas no contactados Tagaeri y Taromenane.

El requerimiento fue remitido el jueves y en él se da cinco días de plazo a la Procuraduría General, como representante del país, para la contestación respecto a la seguridad de los beneficiaros de las medidas cautelares otorgadas por la entidad en 2006.

En particular, se pide detalles de las acciones emprendidas para determinar el número de personas presuntamente fallecidas y heridas en el incidente reportado hace tres semanas y las circunstancias que habrían dado lugar a esos hechos, así como las medidas adoptadas en el marco del ‘Plan de Medidas Cautelares’ para responder a esos hechos.


Más dudas
En los cinco requerimientos que hace la CIDH también solicita información sobre la situación actual de las niñas pertenecientes a los pueblos en aislamiento que habrían sido presuntamente retenidas por miembros de la comunidad waorani.

Igualmente, la CIDH estableció 30 días de plazo para que se entregue información adicional y actualizada en torno a la situación de los beneficiaros, con el fin de evaluar la pertinencia de mantener la vigencia de las medidas cautelares.

En torno al último incidente entre waoranis de Yarentaro (bloque 16) y taromenanes, el presidente de la nacionalidad Waorani, Kawetipe Yeti, ratificó a La Hora las versiones dadas por guerreros waoranis y la veracidad que él encuentra en la presunta matanza de indígenas taromenane.

El Ministerio de Justicia reiteró el jueves que hasta ese momento no encontraba evidencias del hecho. Mientras, tras conocer las peticiones del organismo internacional de defensa de los Derechos Humanos, en la Procuraduría no hubo ayer ninguna reacción oficial.


Hace 11 días
El activista Fernando Ponce pidió el 9 de abril pasado, a través de un comunicado al secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Icaza Álvarez Longorio, que se solicite a la entidad que adopte medidas provisionales para proteger los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, debido a los nuevos incidentes registrados en Orellana.

En la carta se informa del último incidente y destaca algunos puntos referentes al cumplimiento de las medidas cautelares dispuestas por ese organismo hace 7 años.

Precisamente, Ponce fue quien presentó el caso en esa instancia internacional en el pasado, como consecuencia de los incidentes registrados alrededor del campo Armadillo, luego de reportes sobre la presencia de no contactados por el sector y de incidentes.

En el comunicado de la CIDH, suscrito el jueves y firmado por Elizabeth Abi-Mershed, secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH, se informa al peticionario de los requerimientos de información realizados al Estado ecuatoriano, cuyo contenido se remitió con copias al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Humberto Cholango, y a los ciudadanos Patricio Asimbaya y Juan Guevara, miembros de la organización ‘Findingespecies’.




7
años han pasado desde que la CIDH pidió medidas cautelares a favor de los no contactados.


5
días de plazo tiene la Procuraduría para responder el pedido inicial de la CIDH, sobre las medidas cautelares.


30
días tiene el Estado para entregar información sobre la situación de estos pueblos

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